Senasa: fraude millonario que pone en el centro el manejo de los fondos públicos
- Annel Garc�a Evangelista
- 26 dic 2025
- 2 min de lectura

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) se encuentra actualmente bajo investigación tras la revelación de un presunto fraude millonario que habría afectado de manera significativa los recursos destinados al sistema de salud pública en la República Dominicana. El caso, que se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público, involucra a exfuncionarios, proveedores y empresas privadas vinculadas a la institución.
De acuerdo con las autoridades, todo apunta a una red que presuntamente operaba mediante la autorización y facturación de servicios médicos que no fueron ofrecidos a los afiliados. Estas irregularidades habrían sido posibles a través de la manipulación de los sistemas internos de Senasa, permitiendo pagos por procedimientos inexistentes o sobredimensionados.
Las investigaciones resaltan que el monto del fraude podría superar los quince mil millones de pesos dominicanos, lo que representa uno de los mayores casos de malversación de fondos registrados en una entidad del sector salud. Como parte del proceso, el Ministerio Público ejecutó varios allanamientos y solicitó medidas de coerción contra los implicados, incluyendo prisión preventiva y arresto domiciliario.
El impacto de este caso trasciende el ámbito judicial. Senasa administra los servicios de salud de millones de dominicanos, especialmente de los sectores más vulnerables. Las denuncias han generado preocupación sobre la sostenibilidad financiera de la institución y la calidad de los servicios ofrecidos a los afiliados durante el período investigado.
Las autoridades han asegurado que los servicios de salud continuarán operando con normalidad y que se tomarán las medidas necesarias para recuperar los fondos presuntamente sustraídos. Asimismo, el proceso judicial sigue en curso, mientras se espera que los tribunales determinen las responsabilidades penales correspondientes.
Este caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas, especialmente aquellas que manejan recursos destinados a servicios esenciales como la salud.

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